Glosario del desempleo y las prestaciones

Forma de finalizar la relación laboral en la que empresario y trabajador pactan voluntariamente la extinción del contrato. Por regla general no da derecho al paro contributivo salvo que enmascare un despido encubierto.

Acto único en la vida de cada persona por el que queda incorporada al sistema de la Seguridad Social y se le asigna un número de afiliación (NAF) que conserva de por vida con independencia de los regímenes por los que pase.

Acto administrativo por el que un trabajador queda incluido en el sistema de la Seguridad Social al iniciar una actividad laboral. Habilita el devengo de cotizaciones y la protección frente a las contingencias correspondientes.

Movimientos mensuales de afiliados a la Seguridad Social: altas (incorporaciones a empleos) y bajas (extinciones de relación laboral). Indicador de coyuntura distinto del paro registrado y de la EPA.

Trámite obligatorio desde la STS 4187/2024 que exige al empresario dar audiencia al trabajador antes de notificarle un despido disciplinario, salvo casos excepcionales. Su omisión puede convertir el despido en improcedente.

Acto administrativo por el que un trabajador cesa en un régimen de la Seguridad Social al terminar la actividad. También se usa coloquialmente para referirse a la situación de incapacidad temporal (IT).

Tope superior anual que limita la base por la que el trabajador y el empresario cotizan a la Seguridad Social, con independencia del salario real percibido. Determina la cuantía máxima de las prestaciones futuras.

Tope inferior anual por debajo del cual no se puede cotizar a la Seguridad Social, fijado por la Ley de Presupuestos y vinculado al SMI. Asegura un suelo de cotización y de prestaciones futuras.

Promedio de las bases de cotización por contingencias profesionales de los últimos 180 días cotizados, sobre el que se calcula la cuantía de la prestación contributiva por desempleo.

Cuantías mensuales sobre las que se aplican los tipos de cotización a la Seguridad Social. Determinan el coste de la cotización y, posteriormente, la cuantía de las prestaciones contributivas (paro, jubilación, IT, etc.).

Reducciones legales en la cuota empresarial o del trabajador autónomo a la Seguridad Social, dirigidas a fomentar la contratación de colectivos prioritarios o el inicio de actividad por cuenta propia.

Diferencia en la tasa de paro entre mujeres y hombres. En España, la tasa de paro femenina supera históricamente a la masculina por entre 2 y 4 puntos porcentuales, con tendencia decreciente.

Posibilidad de cobrar de una sola vez parte o el total de la prestación contributiva pendiente para iniciar una actividad por cuenta propia o entrar como socio trabajador en una sociedad mercantil. Exenta de IRPF si se mantiene la actividad 5 años.

Documento por el que la empresa comunica al trabajador la extinción de la relación laboral, con expresión de los hechos que la motivan y la fecha de efectos. Su contenido y forma condicionan la calificación del despido.

Documento que la empresa entrega al trabajador al cesar la relación laboral y comunica electrónicamente al SEPE, con los datos necesarios para reconocer la prestación por desempleo.

Prestación específica para autónomos que cesan en su actividad por causas no voluntarias. Equivalente al paro contributivo del régimen general pero con requisitos y cuantías propios.

Sistema obligatorio para acudir presencialmente a las oficinas del SEPE. Se solicita por internet, teléfono o app oficial. Es requisito para casi todos los trámites presenciales tras la pandemia.

Sistema oficial de identificación electrónica de la Administración española basado en un PIN temporal enviado al móvil, que permite acceder a los servicios telemáticos del SEPE, la Seguridad Social, Hacienda y otros organismos.

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009: sistema oficial del INE para codificar las actividades económicas en España. Está armonizada con la NACE Rev. 2 europea y permite comparativas internacionales. Estructurada en 4 niveles: sección, división, grupo, clase.

Régimen que regula cuándo la prestación o subsidio por desempleo puede compatibilizarse con un trabajo a tiempo parcial o por cuenta propia, y con qué reducciones. Tras el RDL 2/2024 se permite compatibilizar subsidios con trabajo parcial.

Régimen de incompatibilidad entre la prestación contributiva por desempleo y la pensión de jubilación: cuando se accede a la jubilación, se extingue el paro y no se pueden cobrar ambas a la vez.

Régimen de compatibilidad entre la prestación por desempleo y la pensión de orfandad: son plenamente compatibles para la contributiva y condicionadas a límites de rentas para los subsidios asistenciales.

Régimen de compatibilidad entre la prestación por desempleo y la pensión de viudedad: son compatibles en términos generales, salvo límites de ingresos del subsidio asistencial. La pensión de viudedad no descarta el paro.

Regla que regula en qué supuestos se puede cobrar la prestación por desempleo de forma simultánea con una pensión pública (jubilación, viudedad, incapacidad). En la mayoría de los casos hay incompatibilidad total.

Documento que firma el beneficiario de prestación o subsidio comprometiéndose a buscar empleo activamente, aceptar ofertas adecuadas, participar en acciones del IPI y cumplir las obligaciones del servicio público de empleo.

Trámite obligatorio previo al juicio social en que las partes (trabajador y empresa) intentan resolver el conflicto ante el órgano administrativo de conciliación, mediación y arbitraje (SMAC, CMAC o equivalente autonómico).

Riesgos cubiertos por la Seguridad Social no derivados del trabajo: enfermedad común, accidente no laboral, jubilación, maternidad, paternidad, viudedad. La base por contingencias comunes determina la cuantía de la mayoría de prestaciones.

Riesgos cubiertos por la Seguridad Social derivados del trabajo: accidente laboral y enfermedad profesional. La base por contingencias profesionales es la que el SEPE usa para calcular la prestación por desempleo.

Modalidad de contrato indefinido para actividades estacionales o intermitentes. El trabajador mantiene la relación laboral entre campañas con derecho a llamamiento. En los periodos de inactividad puede cobrar prestación por desempleo.

Contrato de trabajo sin término predeterminado. Tras la reforma laboral de 2022 es la modalidad preferente. Solo termina por voluntad del trabajador, despido o causas tasadas. Cotiza por desempleo al 7,05 % total (5,50 % empresa + 1,55 % trabajador).

Contrato con fecha de fin o causa de extinción pactada. Tras la reforma laboral de 2022 quedan tres modalidades vigentes: por circunstancias de la producción, por sustitución y formativos. Indemnización de 12 días/año (excepto formativos).

Número de contratos de trabajo formalizados y registrados en las oficinas del SEPE en cada mes. Indicador mensual de actividad laboral, distinto del paro registrado y de la afiliación.

Acuerdo voluntario entre una persona y la TGSS para seguir cotizando a su cargo cuando no existe obligación legal de cotizar. Permite mantener cotización para futuras prestaciones (jubilación, IT, viudedad) en periodos sin empleo.

Aportación obligatoria mensual a la Seguridad Social a cargo conjunto de empresa y trabajador que genera el derecho a la prestación contributiva por desempleo. Se calcula sobre la base de cotización con un tipo dividido.

Parte de la cotización a la Seguridad Social que se descuenta directamente de la nómina del trabajador, alrededor del 6,4 % de su base de cotización (4,7 % comunes + 1,55 % desempleo + 0,10 % formación).

Parte de la cotización a la Seguridad Social que abona la empresa por cada trabajador, calculada sobre su base de cotización con los tipos vigentes por contingencia (común, profesional, desempleo, FOGASA, formación).

Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo. Acredita la condición de demandante de empleo en el servicio público autonómico. Debe renovarse periódicamente (habitualmente cada 3 meses) para mantener activa la demanda y, por extensión, cualquier prestación asociada.

Persona inscrita en el servicio público de empleo autonómico como solicitante de un puesto de trabajo, registrada también en el SISPE estatal. La inscripción es requisito indispensable para acceder a prestaciones por desempleo.

Paro asociado a la fase contractiva del ciclo económico: cuando cae la demanda agregada, las empresas reducen plantilla y aumenta el desempleo. Se reduce con la recuperación económica.

Personas que en la práctica desearían trabajar más o tener empleo pero no figuran como paradas en las estadísticas oficiales: subempleados involuntarios, desanimados que dejan de buscar, inactivos forzosos por cuidados familiares.

Paro vinculado a la estacionalidad de la actividad económica: sectores con campañas concentradas (turismo, agricultura, comercio) generan picos predecibles de paro al final de temporada.

Paro persistente derivado de desajustes entre las características del paro (cualificación, ubicación, edad) y las vacantes disponibles en el mercado. No se reduce con el ciclo expansivo y exige políticas estructurales.

Paro de corta duración derivado del proceso normal de transición entre empleos: personas que han dejado un trabajo y están buscando otro, o jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado.

Extinción del contrato por incumplimiento grave y culpable del trabajador. Si se declara procedente no genera indemnización; si es improcedente, 33 días/año. Da derecho a prestación por desempleo en ambos casos.

Extinción del contrato declarada por el juzgado (o reconocida por el empresario) por no estar suficientemente justificada o por defectos formales graves. Genera derecho a indemnización agravada o readmisión.

Extinción del contrato declarada por el juzgado por vulnerar derechos fundamentales o afectar a colectivos legalmente protegidos. Obliga a readmitir al trabajador con todos los salarios dejados de percibir.

Extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o por ineptitud/falta de adaptación del trabajador. Indemnización de 20 días/año con tope 12 mensualidades. Da derecho a prestación por desempleo.

Encuesta trimestral del INE basada en metodología OIT que estima la situación laboral de la población residente en España: ocupados, parados, inactivos, tasas de actividad, empleo y paro. Es la métrica internacional comparable.

Procedimiento por el que una empresa extingue contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor cuando afecta a un número de trabajadores superior a determinados umbrales. Da derecho a indemnización de 20 días/año y a prestación por desempleo.

Mecanismo de flexibilidad por el que una empresa suspende temporalmente contratos o reduce jornada durante un periodo, sin extinguir la relación laboral. Los trabajadores afectados cobran prestación contributiva durante la suspensión o reducción.

La capitalización de la prestación por desempleo (pago único) está exenta del IRPF si el beneficiario mantiene la actividad como autónomo o socio trabajador durante al menos 5 años. Si se incumple, hay que regularizar.

Pérdida definitiva del derecho a la prestación o subsidio por agotamiento, sanción muy grave, trabajo prolongado, jubilación o fallecimiento. A diferencia de la suspensión, no se reanuda: para volver a cobrar hay que generar nuevo derecho con nuevas cotizaciones.

Extinción del contrato temporal por llegada del término pactado o cumplimiento de la causa que lo justificó. Es la causa más frecuente de acceso al paro contributivo en España. Da derecho a indemnización de 12 días/año salvo en contratos formativos.

Liquidación económica final que el empresario entrega al trabajador al cesar la relación laboral, con los conceptos pendientes de pago hasta la fecha del cese.

Organismo autónomo del Ministerio de Trabajo que abona salarios e indemnizaciones pendientes a los trabajadores cuando la empresa empleadora es insolvente o entra en concurso. Funciona como garantía pública del crédito salarial.

Documentos europeos de coordinación de la Seguridad Social. El U1 acredita periodos cotizados en otro Estado UE para acceder al paro en España. El U2 permite exportar temporalmente el paro español a otro Estado UE para buscar trabajo.

Hijos menores de 26 años (o de cualquier edad con discapacidad reconocida ≥33 %) que conviven con el beneficiario y carecen de rentas superiores al SMI. Determinan los topes de la prestación contributiva y dan acceso a subsidios específicos.

Compensación económica que el empresario debe abonar al trabajador al extinguir el contrato por causas no imputables al trabajador. La cuantía depende del tipo de despido y la antigüedad. Está exenta de IRPF hasta el límite legal.

Prestación no contributiva de la Seguridad Social orientada a garantizar un nivel mínimo de renta a hogares en situación de vulnerabilidad. Gestionada por el INSS, no por el SEPE. Complementa rentas del hogar hasta un umbral garantizado.

Organismo público con competencias para vigilar el cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social, prevención de riesgos y empleo, con potestad sancionadora frente a infracciones.

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Referencia económica que se utiliza para fijar la cuantía de la mayoría de subsidios, ayudas y prestaciones públicas, y los límites de renta para acceder a determinados derechos.

Plan individual diseñado por el servicio público de empleo autonómico para el demandante, que recoge sus objetivos profesionales, sus carencias formativas y las acciones concretas para la inserción laboral.

Procedimiento judicial ante el juzgado de lo social para resolver conflictos laborales y de Seguridad Social. Resuelve impugnaciones de despido, reclamaciones de cantidad, prestaciones denegadas por SEPE o INSS, y derechos colectivos.

Cotización adicional finalista introducida en 2023 para alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones ante la jubilación del baby boom.

Estructura del mercado de trabajo en la que coexisten dos segmentos diferenciados: trabajadores con contrato indefinido y alta protección frente a trabajadores temporales con escasa protección y alta rotación.

Segmento del mercado de trabajo caracterizado por empleos inestables, baja remuneración, escasa protección, alta rotación y dificultad para acceder al mercado primario. Concepto clave de la teoría dual del mercado de trabajo.

Declaración del trabajador o perceptor sobre su situación personal y familiar para que el pagador determine la retención de IRPF aplicable a sus rendimientos del trabajo.

Solicitud voluntaria del perceptor para que se le aplique un tipo de retención del IRPF superior al que correspondería por las tablas oficiales sobre sus rendimientos del trabajo.

Solicitud al SEPE para que se computen como días cotizados periodos previos al empleo recién cesado en supuestos específicos (interinidad, transformaciones contractuales, ciertas asimilaciones), permitiendo alargar la duración de la prestación.

Tasa de paro mínima compatible con una inflación estable. Por debajo de la NAIRU, el mercado laboral se tensiona y los salarios presionan al alza acelerando la inflación. Concepto clave para la política monetaria.

Acrónimo inglés de Not in Employment, Education or Training. Designa a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación. Se usa como indicador complementario a la tasa de paro juvenil.

Derecho del beneficiario a elegir entre reanudar una prestación por desempleo anterior pendiente o solicitar una nueva con las cotizaciones generadas tras la anterior. La elección es irrevocable.

Modalidad que permite cobrar de una sola vez parte o el total de la prestación contributiva pendiente para iniciar una actividad por cuenta propia o aportar capital a una sociedad mercantil de la que se vaya a ser socio trabajador.

Situación de desempleo continuada durante más de 12 meses. Es uno de los principales factores de empobrecimiento y se asocia a una mayor dificultad de reinserción. En España representa un porcentaje significativo del paro total.

Tasa de paro entre la población activa menor de 25 años. En España es estructuralmente más alta que la tasa general (suele triplicarla) por la pequeña base de activos jóvenes, la temporalidad, la estacionalidad sectorial y el modelo formativo. Conviene complementarla con la tasa NEET.

Estadística mensual del SEPE basada en las personas inscritas como demandantes de empleo paradas en las oficinas autonómicas a final de cada mes. Es la métrica administrativa del paro en España, diferente de la tasa EPA del INE.

Régimen aplicable a las salidas al extranjero del beneficiario de prestación por desempleo. Distingue entre estancias breves (hasta 15 días), medias (16-90 días que suspenden), exportación a la UE con formulario U2 (hasta 3-6 meses) y traslados definitivos que extinguen.

Prestación económica de carácter asistencial para personas sin recursos suficientes que no han cotizado lo bastante para acceder a una pensión contributiva. Cuantía mensual modesta vinculada a límites de rentas familiares.

Situación del trabajador que cotiza simultáneamente en dos o más regímenes de la Seguridad Social, típicamente régimen general (por cuenta ajena) y RETA (autónomo). Tiene reglas específicas para cotización y prestaciones.

Conjunto de personas de 16 o más años que están trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (parados). Es el denominador de la tasa de paro y la base demográfica de la EPA. Excluye a la población inactiva (estudiantes, jubilados, dedicación al hogar sin búsqueda).

Plazo de aviso previo que el empresario debe dar al trabajador antes de extinguir el contrato por causas objetivas, cuya omisión obliga a abonar los salarios correspondientes a ese periodo.

Conjunto de características que hacen un empleo inestable y vulnerable: temporalidad excesiva, salarios bajos, parcialidad involuntaria, falta de formación, alta rotación y escasa protección frente al despido.

Cuantía mensual de la prestación por desempleo antes de aplicar retención del IRPF y cualquier descuento. Es el importe que arroja el cálculo del SEPE tras aplicar porcentaje y topes.

Modalidad de paro de nivel contributivo a la que se accede tras haber cotizado al menos 360 días por desempleo en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. Cuantía proporcional a la base de cotización.

Cuantía mensual de la prestación por desempleo que efectivamente cobra el perceptor en su cuenta, tras descontar la retención del IRPF aplicable.

Procedimiento por el que se vuelve a cobrar una prestación o subsidio por desempleo previamente suspendido, por agotamiento del motivo de suspensión (trabajo temporal, salida al extranjero, etc.).

Trámite obligatorio antes de acudir a la jurisdicción social para impugnar las resoluciones del SEPE sobre prestaciones por desempleo. Plazo de 30 días desde la notificación de la resolución.

Recurso administrativo que se presenta contra las resoluciones del SEPE en materia de prestaciones por desempleo, en el plazo de un mes desde la notificación, una vez agotada la vía de reclamación previa.

Trámite periódico que el demandante de empleo debe realizar para mantener actualizada su inscripción en el servicio público de empleo autonómico. No renovar en plazo provoca la baja como demandante y la suspensión de prestaciones.

Programa específico del SEPE para personas con especiales dificultades de inserción laboral: parados de larga duración mayores de 45, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, emigrantes retornados mayores de 45. Cuantía 80 % IPREM, 11 meses por anualidad, máx. 3 anualidades.

Prestación asistencial alternativa al subsidio para eventuales agrarios, también restringida a Andalucía y Extremadura, para trabajadores del Régimen Especial Agrario por cuenta ajena que no acreditan las peonadas mínimas del subsidio.

Ingresos que se contabilizan para comprobar si una persona supera el límite del 75 % del SMI exigido para acceder o mantener un subsidio asistencial por desempleo. Tras el RDL 2/2024 solo se computan rentas individuales del solicitante, no familiares.

Persona física o jurídica autorizada por el interesado para actuar en su nombre ante el SEPE en cualquier trámite (solicitud de prestación, alegaciones, reclamación previa). Requiere apoderamiento formal.

Lista de condiciones que el SEPE exige para reconocer el derecho a la prestación contributiva por desempleo: situación legal de desempleo, cotización mínima, inscripción como demandante y suscripción del compromiso de actividad.

Descuento del IRPF que el SEPE aplica mensualmente sobre la prestación contributiva por desempleo. Por defecto es del 2 % mínimo, ampliable voluntariamente por el perceptor con el modelo 146.

Tratamiento fiscal de los subsidios asistenciales del SEPE: por regla general no se retiene IRPF porque la cuantía mensual queda por debajo de los mínimos exentos, aunque el subsidio sigue siendo rendimiento del trabajo y se declara en la renta.

Cuantía mínima legal que debe percibir un trabajador por cuenta ajena por jornada completa, fijada por Real Decreto del Gobierno. Funciona también como umbral de rentas para acceder a los subsidios asistenciales por desempleo.

Cantidades que el empresario debe abonar al trabajador desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia, en los casos en que opta por la readmisión tras un despido improcedente o cuando el despido se declara nulo.

Régimen de sanciones aplicable a beneficiarios de prestaciones por incumplir las obligaciones del compromiso de actividad o por percibir prestaciones indebidamente. Clasificación en leves, graves y muy graves con escala progresiva: desde 1 mes de suspensión hasta extinción más devolución.

Portal oficial del Servicio Público de Empleo Estatal para realizar trámites telemáticos relacionados con la prestación y subsidios por desempleo: solicitar, consultar, comunicar variaciones, descargar certificados.

Servicio Público de Empleo Estatal. Organismo autónomo del Ministerio de Trabajo que gestiona las prestaciones por desempleo, paga las nóminas mensuales, centraliza estadísticas laborales y coordina la red estatal de servicios de empleo.

Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Plataforma estatal en funcionamiento desde mayo de 2005 que integra la información operativa de las oficinas de empleo autonómicas y permite producir las estadísticas oficiales del SEPE.

Programa europeo dirigido a personas menores de 30 años que ni estudian ni trabajan (NEET). Garantiza una oferta de empleo, formación, prácticas o aprendizaje en un plazo razonable tras la inscripción. Incluye bonificaciones a empresas que contraten a los inscritos.

Condición jurídica que da derecho a percibir prestación por desempleo. Se produce cuando la persona pierde el empleo por causas distintas a su voluntad o por causa imputable al empresario. Es uno de los requisitos esenciales del paro junto con la cotización mínima.

Subsidio asistencial específico para personas españolas que regresan a España tras haber emigrado a un país no perteneciente al EEE ni con convenio bilateral aplicable, sin derecho a paro contributivo.

Subsidio asistencial específico para trabajadores eventuales agrarios del Sistema Especial Agrario residentes en Andalucía y Extremadura. Conocido popularmente como 'PER', aunque ya no existe el Plan de Empleo Rural original. Requiere acreditar peonadas mínimas anuales.

Subsidio asistencial para personas excarceladas, suprimido por el RDL 2/2024 (desde el 1 de noviembre de 2024): los casos se reconducen al Ingreso Mínimo Vital. Quienes lo tenían reconocido conservan su derecho.

Subsidio asistencial específico tras agotar la prestación contributiva, dirigido a personas mayores de 45 años con responsabilidades familiares, con cuantía y duración superiores al subsidio general.

Subsidio asistencial específico para personas de 52 años o más con cotización suficiente para acceder a la jubilación contributiva salvo la edad. Se cobra hasta la jubilación con cuantía del 80 % del IPREM y el SEPE cotiza por contingencias comunes durante todo el periodo.

Antigua denominación del subsidio asistencial para personas mayores de 55 años, derogado en 2013 y refundido en el actual subsidio para mayores de 52 años desde el RDL 5/2013 y modificaciones posteriores.

Subsidio asistencial específico para mujeres víctimas de violencia de género que han debido extinguir o suspender su relación laboral como consecuencia de la situación. Tiene reglas especiales de acceso.

Prestación asistencial mensual para personas en desempleo que no tienen derecho a la prestación contributiva (o la han agotado) y carecen de rentas suficientes. Reformado por el RDL 2/2024 con cuantía decreciente por tramos.

Subsidio asistencial por revisión de incapacidad permanente, suprimido como modalidad autónoma por el RDL 2/2024 (desde el 1 de noviembre de 2024): los casos se reconducen al Ingreso Mínimo Vital o al subsidio general. Quienes lo tenían reconocido conservan su derecho.

Pausa temporal en el cobro de la prestación o subsidio sin pérdida del derecho. Se reanuda al cesar la causa que la motivó. A diferencia de la extinción, es reversible mediante solicitud en plazo de 15 días hábiles.

Régimen reducido de cotización al RETA aplicable a nuevos autónomos durante los primeros meses de actividad. Permite cotizar con una cuota mensual fija muy inferior a la cuota ordinaria.

Porcentaje de la población en edad de trabajar (16 o más años) que forma parte de la población activa, es decir, que está ocupada o busca activamente empleo.

Porcentaje de jóvenes (16-24 o 16-29 según fuente) que forman parte de la población activa. Indicador clave de la incorporación al mercado laboral antes de o en lugar de los estudios.

Porcentaje de personas paradas que reciben alguna prestación o subsidio del SEPE. Indicador clave de la protección efectiva del sistema frente al desempleo.

Porcentaje de la población en edad de trabajar (16 o más años) que está efectivamente ocupada, según la Encuesta de Población Activa del INE.

Porcentaje de personas con jornada parcial que preferirían trabajar a tiempo completo y no han podido encontrar empleo a jornada completa. Indicador de subempleo y precariedad.

Cociente entre la población parada y la población activa, expresado en porcentaje. La tasa oficial de España se calcula a partir de la EPA del INE; Eurostat publica una versión armonizada para comparativas europeas.

Porcentaje de parados que llevan al menos 12 meses sin empleo, sobre el total de la población activa. Indicador de la dificultad estructural para acceder al mercado laboral.

Proporción de personas asalariadas con contrato temporal sobre el total de asalariados. Es la métrica principal para evaluar el grado de dualidad del mercado laboral español.

Nivel de paro de equilibrio que se mantiene incluso con mercado laboral en pleno funcionamiento. Compuesto por paro friccional, estructural y de búsqueda. Concepto cercano a la NAIRU.

Porcentaje que se aplica sobre la base de cotización para calcular la cuota a ingresar en la Seguridad Social. Se divide entre la parte que paga el empresario y la que paga el trabajador, y varía según contingencia (comunes, profesionales, desempleo, FOGASA, formación).

Porcentaje aplicable a la base de cotización para financiar la prestación por desempleo, compartido entre empresa (5,50 % en indefinido, 6,70 % en temporal) y trabajador (1,55 %).

Cuantía mensual máxima de la prestación contributiva por desempleo, modulada según el número de hijos a cargo del beneficiario. Se calcula como porcentaje del IPREM mensual con prorrata de pagas.

Cuantías mínimas y máximas mensuales que limitan la prestación contributiva por desempleo, expresadas como porcentajes del IPREM y moduladas según el número de hijos a cargo.

Personas que trabajan en un país y residen en otro distinto, cruzando habitualmente la frontera. Régimen específico de Seguridad Social, IRPF y prestaciones por desempleo en la UE.

Informe oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social que recoge todos los periodos de alta y cotización del trabajador a lo largo de su carrera profesional.